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Mucho se está hablando de la importancia de un pacto educativo, pero apenas se conocen propuestas que faciliten el debate y el acuerdo. El objetivo no debería ser solo establecer un marco legal común, sino convertirlo en un potente medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación.

Apunto a continuación un conjunto de compromisos en torno a ocho dimensiones que darían valor y sentido al pacto educativo.

1. Financiación de la educación.

Acuerdo de incrementar el presupuesto anual de educación entre un 0,1 y un 0,15% del PIB en los próximos ocho años.

2. Prioridades en la distribución del incremento en la financiación.

El crecimiento del presupuesto se orientará principalmente a extender la oferta educativa en los primeros años de la educación infantil y a mejorar sus condiciones; a ampliar los apoyos necesarios para ofrecer una mejor respuesta a la diversidad de los alumnos; a aumentar los recursos de los centros situados en zonas más desfavorecidas; a ampliar la oferta de formación profesional para responder a la demanda existente; a financiar el desarrollo profesional de los docentes; y a incrementar las becas para que ningún alumno deje de estudiar por razones económicas.

3. Más años de educación

Se garantizará que todos los alumnos continúen estudiando hasta los 18 años, al menos de forma parcial.

4. Desarrollo profesional de los docentes.

Se acordará un sistema de incentivos profesionales y económicos vinculados principalmente al desarrollo de proyectos innovadores y a la evaluación de la práctica docente.

5. Autonomía y atención a la diversidad de los centros docentes.

Se ampliará la autonomía de los centros docentes. La distribución de los recursos a los centros educativos, tanto públicos como concertados, será diferencial y se fijará en función de su contexto sociocultural, de las características de sus alumnos y de los proyectos que desarrolla.

Se permitirá, previa evaluación que garantice su rigor e innovación, que los centros docentes puedan llevar a la práctica proyectos educativos y curriculares que se aparten de lo establecido con carácter general.

6. Diseño y desarrollo del currículo

El Gobierno y las Comunidades Autónomas establecerán de forma negociada y en las condiciones que se determinen los criterios y los contenidos básicos del currículo.

Las materias de educación artística, música y educación física tendrán un reconocimiento similar al resto de las asignaturas comunes en la educación obligatoria.

Se ampliarán las optativas en los cursos tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria para ofrecer una mejor respuesta a la diversidad de los alumnos.

Los proyectos educativos interdisciplinares tendrán un especial reconocimiento.

7. Evaluación de los alumnos, de los centros educativos y del sistema educativo.

Las decisiones sobre la promoción de los alumnos y su titulación serán responsabilidad de los equipos docentes.

El título de Educación Secundaria Obligatoria será el mismo para todos los alumnos que terminen con éxito esta etapa educativa.

Las Administraciones educativas competentes evaluarán a sus centros docentes teniendo en cuenta su contexto sociocultural. Se informará a cada uno de ellos sobre los resultados obtenidos, tanto de sus procesos educativos como de sus resultados, sin que se hagan públicas las comparaciones entre ellos.

El gobierno junto con las Comunidades Autónomas diseñará la evaluación diagnóstica del funcionamiento del sistema educativo a través de una muestra representativa de centros.

El acceso a la universidad estará precedido de una prueba selectiva que permitirá a los alumnos elegir sus estudios en función de la oferta de plazas existente y de la nota final obtenida.

8. Educación cívica, social y emocional y formación religiosa.

Se incorporará en determinados cursos la educación cívica, social y emocional.

Los centros ofrecerán formación religiosa, que será voluntaria, y cuya calificación no se tendrá en cuenta para la obtención de becas ni para el acceso a la universidad.